“Salvar” a Grecia.

A Grecia no la salvarán los millones de euros prestados, eso sólo creará más deuda para los griegos. Tampoco la salvará Papandreu (su Primer Ministro), ni su partido político. Tampoco la intervención del FMI (Fondo Monetario Internacional), ni el Banco Mundial, y menos aún los economistas o supuestos expertos en desarrollo...

A Grecia la salvará la clase obrera griega, si da la talla, si planta cara a las multinacionales y los especuladores financieros, al propio Parlamento Europeo, a lo grandes bancos...

Cuando aquí nos ocurra algo parecido, esperemos que los trabajadores del Estado Español den también la talla y no se amedrenten, ni se adormezcan como parecen estar adormecidos los principales dirigentes sindicales.

Vídeo:

Intervención de Daniel Cohn-Bendit, de Los Verdes, en el Parlamento Europeo:

http://www.youtube.com/watch?v=nqno8H-mjeY

Canarias, en vías de extinción

No te pierdas este vídeo en el que el Catedrático Wolfredo Wildpret nos explica lo que son los sebadales y su vital importancia para los ecosistemas marinos, y las patéticas declaraciones de algunas políticas “lumbreras” al respecto:

http://www.youtube.com/watch?v=ekcde1Pgc8M

Y este es un excelente artículo de Ramón Pérez Almodóvar publicado en rebelión.org:

Canarias, en vías de extinción

La aprobación de una Ley que permitirá la construcción del Puerto de Granadilla significa la falta de respeto de los diputados de CC y PP hacia más de 52.000 personas (casi tantos votos como obtuvo Cristina Tavío), hacia muchos miles más que se manifestaron el 27 de noviembre de 2004 en Santa Cruz y su desprecio por el único recurso del que ya malvive la mayoría de trabajadoras y trabajadores de las islas: un paisaje mínimanente conservado que aún atrae millones de turistas (si bien a 180 euros por una semana en un hotel en Tenerife).

La Ley para construir el Puerto de Granadilla también supone la indiferencia, la arrogancia y la soberbia de los diputados que ningunearon los estudios de la comunidad científica, además de demostrarse la impunidad en que se mueven sus señorías, que aprueban leyes en contra del sentido común, de los intereses generales y de otras leyes, para favorecer a cuatro o cinco empresarios-políticos-empresarios, los mismos de siempre.

Si tuvieran un mínimo de dignidad (pero eso es mucho pedir a la escoria que se sienta en los escaños del Parlamento), los diputados de CC y PP deberían renunciar a su inmunidad, para que puedan ser enjuiciados por el acto ilegal que acaban de cometer. Esta Ley es inconstitucional, pues vulnera derechos fundamentales básicos y además jurídicamente es impresentable, pues en lugar de aprobar una Ley para construir el Puerto de Granadilla (pues no tienen el valor) se aprueba otra para descatalogar especies protegidas con la misma finalidad.

Si en Canarias existiera un pueblo organizado, no se dejaría robar impunemente. En algunas zonas andinas, a más de un alcalde de los que trajinan en las islas lo habrían quemado en la plaza pública: justicia popular (poco civilizada para los parámetros occidentales, pero eficaz).

Tavío, tan locuaz como siempre, ha dicho en voz alta lo que pensaban los diputados de CC, Manuel Hermoso y Adán Martín: la ley que descataloga los sebadales “pone las cosas en su sitio para que se pueda iniciar una obra de estas dimensiones”. Y añado: “y de las dimensiones de los beneficios que proporcionará a algunos amigos de los que votaron la Ley”.

Hasta ahora, los movimientos y organizaciones sociales de Tenerife han conseguido frenar el disparate gigantesco que supondría construir el Puerto Industrial de Granadilla. Han sido seis años de dura lucha, con altibajos, con diferencias. Esto lo aprovecharon muy bien en las últimas elecciones y, ante el contexto actual de mantenimiento de esas diferencias, aún salvables, en los sectores políticos, sindicales y sociales que impulsaron la manifestación del 27 de noviembre, CC y PP aprueban la Ley que permitirá la construcción del Puerto Industrial en Granadilla cuando queda todavía un año para los próximos comicios.

Canarias está en vías de extinción. Sebadales y tortugas bobas son sólo un testimonio que estamos viviendo en directo. A esta situación nos han llevado los partidos políticos tradicionales que han tenido representación parlamentaria en los últimos 20 años. Ellos han sido también quienes han alimentado un sistema corrupto…desde el propio Parlamento; quienes han engañado sistemáticamente a la población. Mayor responsabilidad tiene sin duda ATI-CC, los falsos defensores del tinerfeñismo, los vendepatrias, los destructores de la isla.

La crisis sistémica, la crisis del modelo económico –cuestionado ampliamente en la manifestación del 27-N de 2004-, es también una crisis de los partidos que la han generado. Así que difícilmente serán ellos quienes la resuelvan y menos aún con la continuidad del mismo modelo.

Lo que está en juego en Canarias en las próximas elecciones es la supervivencia misma de las Islas y de un pueblo; se requiere empezar un cambio de época, no una época de cambios, como dicen en algunos países de América Latina. En Tenerife, en Canarias, y más allá de dos o tres diferencias, es necesaria la constitución de un frente, de una alianza similar a lo que fue Asamblea por Tenerife en 2004: con autoridad moral y política y con capacidad de movilización. Para reponer las cosas en su sitio y mandar al paro a esa caterva de cínicos que abunda en el catálogo de políticos corruptos.

Rechazo a las medidas de Zapatero

La izquierda económica plantea alternativas

El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado un Plan de Ajuste siguiendo las indicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), al igual que hizo hace unos meses el Gobierno de Grecia.

Estas nuevas medidas reducen sustancialmente el gasto social, cargan sobre la espalda de los trabajadores y pensionistas el enorme peso económico de la crisis que han provocado los grandes banqueros y empresarios, quienes no han sufrido ningún recorte económico ni en derechos desde que comenzó la crisis.

El Gobierno que dirige José Luis Rodríguez Zapatero ha ido dinamitando los derechos laborales cambiando la legislación para que las grandes empresas y bancos privados estuvieran protegidos frente a la crisis que ellos mismos han provocado. Muestra de ello la representan la flexibilización de la situación laboral de los trabajadores, la eliminación del Impuesto de Patrimonio que ha ahorrado 2.200 millones de euros a los que más tienen, el ataque flagrante al Sistema de Pensiones y el recorte en 45-000 millones de euros en el gasto social. Además no se ha impuesto un salario máximo ni se han puesto en marcha mecanismos para que los billetes de 500 euros no declarados dejen de ser dinero negro y paguen impuestos quienes los posean.

La regresividad del sistema fiscal impide recaudar más dinero para las arcas públicas, siendo al final los ciudadanos los que cargan con los problemas financieros derivados de esa situación.

Frente a esta situación sindicatos y partidos políticos de izquierda se han opuesto a estas medidas. Desde Comisiones Obreras (CCOO), su Secretario General Ignacio Fernández Toxo no ha descartado ninguna medida para frenar esta iniciativa del ejecutivo. Toxo ha declarado que "el Plan presentado por Zapatero merece nuestro rechazo más absoluto. No compartimos ni las medidas ni la orientación". Ademas el líder sindical ha acusado al Gobierno de "plegarse a las exigencias de los sectores que provocaron la crisis y que ahora marcan el camino de salida".

El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) ha llamado a la movilización contra estas medidas que califica como antidemocráticas, "hay que seguir la lucha, hay que ocupar la calle, hay que movilizarse, hay que participar en la manifestación del 16 en Madrid, hay que demostrar que el sindicalismo sigue vivo, que no se ha arrodillado ante el Gobierno y la patronal, que la lucha sindical es el camino elegido para recuperar nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, que la huelga general y movilización social es posible y necesaria".

El Partido Comunista de España (PCE) mediante un comunicado ha mostrado su preocupación porque "ahora sí empezamos a estar como en Grecia, por la política de recortes sociales y de hacer pagar a los más débiles los errores de una política que sólo ha propiciado la acumulación de grandes riquezas y el aumento de las diferencias entre pobres y ricos, las medidas cargan sobre los trabajadores/as el coste de esta crisis."

El PCE ha calificado estas medidas como "antisociales y llamadas al fracaso, claramente contrarias al interés general", debido a que "en lugar de poner en valor la lucha contra el fraude fiscal, y de cumplir los anuncios de eliminar los paraísos fiscales, recortar los grandes salarios y controlar los grandes beneficios de la banca como medidas para superar el déficit, opta por unas medidas dirigidas directamente a que sean los mas débiles quienes paguen el déficit y sufran una salida de la crisis que va a generar más desempleo al reducir el consumo y crear más incertidumbre social".

Para Izquierda Unida (IU) "quienes van a sufrir estas medidas son los de siempre, los de abajo, es decir los pensionistas, los parados, los trabajadores en general, los trabajadores públicos, precisamente todos aquellos que no han generado esta crisis. Lo vamos a pagar todos menos los que se han forrado en tiempos de bonanza, los especuladores, los banqueros, las altas rentas. Todos ellos se van de rositas", ha declarado Cayo Lara, Coordinador Federal de la formación de izquierdas.

El máximo dirigente de IU ha anunciado que el PSOE no va a contar con el apoyo de su formación, ya que "se opondrá radicalmente a ellas. Hay otras formas de abordar una crisis cuya existencia el Gobierno reconoció tarde y mal. Llevamos mucho tiempo haciéndole propuestas en este sentido y no ha atendido ninguna".

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article15120

Políticos e intelectuales no liberales ofrecen otras opciones para equilibrar el déficit

Impactados por el anuncio de las medidas de ajuste del presupuesto público del Gobierno, políticos y economistas contrarios a la doctrina económica liberal sacaron ayer sus calculadoras para demostrar que hay alternativa.

La principal sorpresa entre los intelectuales de la izquierda económica radica en que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero haya concentrado todo el ajuste en el tijeretazo al gasto público, lo que afecta negativamente al PIB y por tanto al crecimiento, sin introducir fórmulas para equilibrar el presupuesto por la vía de los ingresos.

La repercusión del Impuesto sobre el Patrimonio, clave para recaudar más.

Todos los consultados coinciden en bloque en considerar absurda la desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio. "Su recuperación serviría para financiar el gasto de dependencia", apunta como ejemplo Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. En la misma línea, Alfredo Serrano, profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, propone que se recupere al menos para niveles muy altos. Serrano reconoce que eliminar Patrimonio está en línea con lo que se ha hecho en toda la Unión Europea, pero recuerda que la diferencia estriba en que "España tiene establecido un tipo máximo para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) muy por debajo de la media UE-15".

ICV propone un Impuesto sobre la Riqueza que sustituya al desaparecido sobre el Patrimonio y que gravaría "la tenencia de bienes muebles e inmuebles desde un millón de euros". Según sus cálculos, permitiría recaudar "2.250 millones de euros más al año" .

De lo que se trata, explica Miren Etxezarreta, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, es de "mirar dónde está el dinero en este país y tomar medidas que obliguen a utilizar parte para reducir la deuda pública". Otro de los puntos para lograrlo sería la reforma del IRPF . "En los últimos años se han reducido sistemáticamente los impuestos a las rentas más altas", comenta Montero. "Incluso cuando se veía que esto iba a llegar", en referencia a la situación actual de desequilibrio presupuestario, "no se hizo nada", añade. "En una década se ha pasado de gravar con un 56% las rentas más altas al 43%", recuerda Serrano.

Se propone elevar la fiscalidad a las empresas con más beneficios
ICV concreta en sus propuestas que la reforma del IRPF debería establecer "un nuevo tramo con un tipo marginal del 50% para las rentas superiores a 8.000 euros mensuales", medida que permitiría recaudar 2.940 millones más.

En el IRPF, Serrano recomienda fijarse también en el alto volumen de gastos deducibles que se han establecido y que introducen "bastante arbitrariedad, porque no responden a criterios de redistribución de la riqueza" .

Carmen Torres, economista, apunta que el IRPF debería eliminar la fórmula de la declaración conjunta, que desincentiva el acceso de la mujer al mercado laboral. Suprimirla supondría 2.000 millones más para la recaudación.

La coincidencia es total también en la necesidad de gravar con un impuesto más alto el beneficio que obtienen los grandes patrimonios a través de las sicav, instrumentos de inversión que sólo tributan con un 1%.

El siguiente foco de los economistas consultados se dirige a las empresas con mayores ganancias, que se han beneficiado de la rebaja en el Impuesto de Sociedades aplicada por el Gobierno del PSOE, la primera en toda la historia del impuesto. Según ICV, "aplicar un 35% a las empresas con base superior a 1.000 millones de euros, lo que afectaría a 14 firmas, supondría 2.500 millones adicionales de recaudación". "Hay mucha capacidad aún de incrementar la presión fiscal" , comenta Etxezarreta recordando que "la media europea está en el 42% frente al 31% en España".

Para quien busca en la tiranía de los mercados el argumento para meter tijera, Montero, Serrano y Etxezarreta proponen obligar a la banca a comprar más deuda pública para mitigar los movimientos especulativos.

Por la parte del gasto, poco creen que se deba hacer. Etxezarreta recuerda que menos inversión es menos empleo y menos sueldo (también el de los funcionarios) significa menos consumo. La idea más repetida es la reducción del gasto militar, incluida la retirada de Afganistán, que supondría 400 millones al año, según ICV.

Fuente: http://www.publico.es/espana/312316/izquierda/economica/plantea/alternativas

(De Rebelión.org)

El sindicalismo europeo comienza a sacar sus propias lecciones del caso griego

(De sinpermiso.info)

El gobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez, con esa fijación de ideas que le caracteriza, ha insistido en que en España se deben extraer por el Gobierno las lecciones del caso griego, e iniciar de inmediato las “reformas estructurales” que a su juicio se requieren y que, como es bien sabido, implican reducción del gasto social, degradación de las garantías de empleo, descausalización y abaratamiento del despido y freno del gasto público. El llamado “rescate griego” significa recorte de sueldo de los funcionarios, aumento de la fiscalidad regresiva a través de la subida de impuestos indirectos, rebaja en las pensiones, reducción drástica de organismos administrativos, recorte de la inversión pública, venta al por mayor de empresas públicas y privatización generalizada en la energía y el transporte, liberalización de los servicios y, como último elemento que no puede faltar en una receta de salvación económica, abaratamiento del despido. Ello debe conseguir una caída del PIB del 4% en este año y un 3% en el 2011, para volver a crecer, al 1% a partir del 2012.

Frente a este tema, la Confederación Europea de Sindicatos ha elaborado un comunicado que lleva por título “Un precio injusto e inaceptable para la salvación de Grecia”, y del que se pueden entresacar los siguientes párrafos:
“La defensa frente a los especuladores financieros por parte de Europa llega tarde y mal e impone una carga inaceptable para los trabajadores y sus familias. Grecia entrará en una recesión deflacionista que durará años. Aumentará el paro y la pobreza, que alcanzaba ya al 20 % de la población griega, seguirá aumentando.”

El mensaje subyacente que se dirige a los trabajadores europeos es claro: la reducción de los gastos sociales y el recorte salarial que hoy se dan en Grecia serán las políticas que se impongan mañana en Portugal y en España, y pasado mañana en Francia, Alemania, Bélgica. La CES llama a los policymakers (decididores) europeos a impedir que los especuladores destruyan el modelo social europeo y a romper con este “ajuste estructural salvaje”. Para ello, se proponen medidas de refinanciación del préstamo griego, reajuste y aumento significativo de las balanzas de pago de la Comisión que cubra a todos los países europeos, movilizar a las bancas centrales contra las maniobras especuladoras, suspender la utilización de las calificaciones de la deuda y la acción de éstas en la valoración de las políticas monetarias y financieras, en la idea de crear una propia agencia europea de calificación, lanzar en fin una iniciativa de impulso económico con fondos europeos y con una obligación común de invertir en programas de infraestructuras que hagan salir a Grecia de la recesión y de la depresión”.

Es también conocido que CCOO y UGT apoyan sin fisuras la convocatoria de huelga general en Grecia, y que la CES ha transmitido esta queja al Presidente Permamente del Consejo - nadie recuerda que la Presidencia rotatoria de la Unión la desempeña el gobierno español, ni siquiera al parecer el propio gobierno – sin que esta oposición haya merecido reflexiones en los medios de comunicación, que siguen hablando unánimemente, de un programa de reformas “muy ambicioso”.

La permisividad con los fenómenos especulativos de los mercados financieros, y la monótona receta neoliberal que repercuten sobre los trabajadores y las clases populares todos los sacrificios para mantener acentuadas las condiciones de explotación y aumentar el sufrimiento de las personas, debería llevar al sindicalismo europeo a elaborar un discurso más general sobre Europa, su dimensión social y las formas de expresión de la sociedad de libre mercado que anulan o derogan niveles mínimos de convivencia social y de dignidad personal. En ese discurso, la apertura de una zona fuerte de disenso con la política y la economía de los “decididores” europeos es ineludible, como es asimismo necesario que se reconstruya una visión unitaria y solidaria del sindicalismo europeo. No fueron los trabajadores y las trabajadoras griegas quienes han puesto en duda la solvencia de mercado del país, ni quienes falsificaron durante años las estadísticas. Las lecciones del caso griego, como nos solicita el responsable del Banco de España, llevan a una conclusión muy evidente: no se puede permitir que las consecuencias de la crisis se descarguen sobre los trabajadores. El problema no son ya los especuladores sino el propio sistema económico. Si sólo puede funcionar mediante la violencia y la degradación del trabajo y de la vida de las personas, no hay otra posibilidad que organizar la defensa al tiempo que se camina hacia su anulación. Hay que comenzar a decir no en voz cada vez más alta.

Antonio Baylos, amigo y colaborador habitual de SinPermiso, es catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha.